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España propone no multar a sus instituciones con la Ley de IA europea

España propone eximir a sus instituciones públicas de las multas de la Ley de IA europea y sustituirlas por apercibimientos y medidas correctivas. Mientras las empresas privadas se exponen a sanciones millonarias, el Gobierno busca un régimen diferenciado para las administraciones que vulneren la regulación europea. Las intenciones quedaron expuestas en una guía publicada por […]

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22 NOV 2026 · 3 min de lectura · 220 lecturas

España propone no multar a sus instituciones con la Ley de IA europea
Imagen de demostración (Unsplash) · clic para ampliar.

España propone eximir a sus instituciones públicas de las multas de la Ley de IA europea y sustituirlas por apercibimientos y medidas correctivas. Mientras las empresas privadas se exponen a sanciones millonarias, el Gobierno busca un régimen diferenciado para las administraciones que vulneren la regulación europea.

Las intenciones quedaron expuestas en una guía publicada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que sugiere que, ante el incumplimiento de determinados aspectos de la norma, los organismos gubernamentales recibirán una advertencia oficial y estarán obligados a corregir la infracción.

La Ley de IA europea y el trato a lo público

En agosto de2024 entró en vigor el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, diseñado para regular la producción, comercialización y uso de estos sistemas. Una de sus principales características es que establece prohibiciones, restricciones y requisitos en función del potencial de las herramientas para causar daños a la sociedad.

La ley prohíbe el uso y la comercialización de sistemas de mayor riesgo, entre ellos los que pueden manipular el comportamiento de las personas, los que clasifican a los ciudadanos mediante puntuaciones sociales y los que emplean identificación biométrica a distancia en espacios públicos.

Cuánto se paga por incumplir la norma

Las compañías que incumplan esta disposición pueden enfrentar multas de hasta35 millones de euros o equivalentes al7% de su facturación mundial anual.

Para los sistemas de alto riesgo, destinados a productos biométricos, al reconocimiento facial o a aplicaciones educativas y laborales, los desarrolladores deberán registrar sus sistemas y cumplir requisitos más estrictos. Su incumplimiento puede derivar en sanciones de entre7.5 y15 millones de euros, o equivalentes al1.5% y3% de la facturación mundial.

“Las instituciones públicas no recibirán multas económicas por incumplir estas disposiciones”

— guía del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

Lo que todavía no está aprobado

El documento precisa que las autoridades supervisoras podrán emitir amonestaciones y resoluciones que declaren la existencia de infracciones y establezcan medidas correctivas. Este principio se sustenta en las facultades que el propio reglamento otorga a los Estados miembros.

Al amparo de esa disposición, España propuso en su proyecto de ley orgánica sustituir las multas económicas por apercibimientos. La exención todavía no está aprobada y su aplicación dependerá de que el nuevo Gobierno decida retomar la propuesta legislativa.


Aunque la guía tiene carácter orientativo y no produce efectos vinculantes, el planteamiento despierta inquietudes: evidencia la posibilidad de establecer tratos diferenciados entre instituciones públicas e iniciativa privada y genera incertidumbre sobre los límites que realmente tienen las administraciones en el uso de la inteligencia artificial.

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Periodista de demostración: este perfil y sus textos son ficción, creados para validar el diseño. (Perfil ficticio.)

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